La investigación por el atentado en Amalfi, Antioquia, avanza mientras el país sigue conmocionado por la tragedia ocurrida el pasado 21 de agosto, cuando un helicóptero de la Policía fue atacado en zona rural del municipio, dejando un saldo de 13 uniformados muertos y 4 heridos.
Las autoridades atribuyeron el ataque a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, comandada por alias Calarcá, un grupo narcocriminal que mantiene presencia en el nordeste antioqueño y que ha sido señalado en repetidas ocasiones de realizar ataques contra la Fuerza Pública.
Una trampa preparada con antelación en caso de helicóptero derribado en Amalfi, Antioquia
De acuerdo con las primeras indagaciones, el helicóptero había logrado aterrizar en lo alto de una colina cuando los uniformados se disponían a iniciar la fase de evacuación. Sin embargo, el terreno ya había sido acondicionado previamente con cilindros de explosivos enterrados a más de un metro de profundidad, lo que convirtió la zona en una trampa mortal.
El presidente Gustavo Petro, en un mensaje en su cuenta de X, explicó que “el lugar donde se posó el helicóptero con éxito ya había sido preparado desde días antes, quizás meses, con cargas explosivas ocultas en el subsuelo”. Según el mandatario, los artefactos fueron activados en el momento en que los policías se disponían a abordar la aeronave, lo que ocasionó la detonación y la muerte de la mayoría de uniformados que ya rodeaban el aparato.
El celular de un subteniente que grababa la operación quedó como testigo de lo ocurrido. Las imágenes, que hacen parte del material probatorio, muestran el instante en que los miembros del Comando Jungla intentaban rescatar a sus compañeros mientras se escuchaban las ráfagas de fusil en el área.
El testimonio de los sobrevivientes
Los policías sobrevivientes, actualmente recluidos en el Hospital Central de la Policía en Bogotá, relataron las dificultades que tuvieron para llegar al punto del ataque. Un video grabado con cámara corporal mostró cómo los agentes se desplazaron arrastrándose entre la vegetación, bajo fuego enemigo, en un intento desesperado por auxiliar a sus compañeros.
Al llegar al sitio encontraron los cuerpos sin vida de varios uniformados y comprendieron que no podían permanecer allí por mucho tiempo debido a la posibilidad de nuevas emboscadas. Además de los disparos, existía la amenaza de un posible ataque con drones, una estrategia que las disidencias han empezado a utilizar como arma de guerra contra la Fuerza Pública.
Declaraciones del Gobierno
El sábado 23 de agosto, el presidente Gustavo Petro, acompañado de la cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó a los policías heridos en Bogotá. Durante su declaración, el jefe de Estado insistió en que la explosión no fue producto de un dron, sino de un plan cuidadosamente preparado por los insurgentes.
El ministro de Defensa confirmó esta versión y añadió: “El helicóptero que inició la primera fase de la extracción fue afectado totalmente por una carga explosiva que ya estaba instalada en el terreno. No fue un ataque con dron lo que causó la tragedia. Las investigaciones siguen en curso”.
Recompensas por los responsables
En respuesta a la gravedad del hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Alejandro, cabecilla principal de la estructura 36. Asimismo, se anunciaron recompensas de hasta 300 millones de pesos por alias Guaricho y alias Leo o El Eléctrico, también vinculados al atentado.
El Gobierno subrayó que este ataque forma parte de una ofensiva de las disidencias en contra de la presencia del Estado en zonas estratégicas para el narcotráfico. Por ello, se reforzarán los operativos en Antioquia y departamentos vecinos, con el objetivo de desarticular las redes de apoyo logístico de esta estructura criminal.
