A través de empresas exportadoras de aguacates, una red criminal ocultó y dio tránsitoalos recursos ilícitos obtenidos por una organización narcotraficante que enviaba toneladasde clorhidrato de cocaína a Europa.
Esto les habría permitido a los articuladores delasoperaciones de comercio exterior consolidar un patrimonio ilícito que intentaron ocultar. Labores investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta dequefueron adquiridos bienes muebles e inmuebles y puestos a nombre de personas cercanas ofamiliares para evadir el rastreo de las autoridades.
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Ante las evidencias del origen ilícito de las propiedades detectadas, un fiscal de la DirecciónEspecializada de extinción del Derecho de Dominio las afectó con medidas cautelares deembargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Se trata de 46 inmuebles rurales yurbanos, 18 vehículos de gama alta y 3 sociedades comerciales, que preliminarmentesuperan en valor los 143.746 millones de pesos.
Los bienes fueron ocupados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), conapoyo de unidades del Ejército Nacional, en diligencias realizadas en Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó (Antioquia).
Entre los dueños reales de los activos están integrantes de una misma familia, algunos deellos extraditados a Estados Unidos, donde responden por cargos relacionados con tráficotransnacional de estupefacientes.
Judicializados presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de tráfico de estupefacientes y varios homicidios en Risaralda
Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda les imputó, según su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico; homicidio agravado; tentativa de homicidio; uso de menores en la comisión de delitos; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Solo uno aceptó los cargos endilgados.
Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron cobijados Anyi Karina Salazar, Heiver Antonio Orozco Impata, Cristian Ríos López, Juan de Dios Velásquez Hernández, Jhon Eduar Montaño López; mientras que Juan Felipe David Úsuga y Luis Alberto Giraldo Monroy fueron dejados en libertad pero continúan vinculados a la investigación.
Los procesados habrían llegado a la zona, procedentes del departamento de Antioquia, para controlar la venta de estupefacientes en los citados municipios.
Se evidenció que también habrían participado en tres homicidios cometidos, los pasados 4 de junio y el el 19 de julio un doble homicidio, en zona rural de Mistrató; así como un intento de asesinato perpetrado el 23 de mayo de este año en la vereda Génova de la misma población risaraldense.
