El caso del asesinato de Cristian Fernando Salinas Chocué, líder comunitario e integrante del Partido Comunes, ocurrido el 7 de enero de 2023 en Ginebra (Valle del Cauca), avanza en los estrados judiciales. La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de dos hombres que habrían participado en la planeación del crimen, lo que representa un paso importante en la búsqueda de justicia para este caso que conmocionó a la región.
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Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación presentó ante una juez penal de control de garantías a Noé Biscué Robledo y Wilson Zuluaga Meneses, señalados de participar en el homicidio. Según la investigación, estas personas habrían realizado labores de vigilancia a la víctima y aportado información detallada sobre sus movimientos. Gracias a estos seguimientos, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta lo interceptaron en una carretera y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
Las capturas se efectuaron en Ginebra (Valle del Cauca) mediante un operativo de la Dijín de la Policía Nacional, tras recopilarse pruebas que los vinculan como facilitadores del ataque.
Imputación de cargos y medida de aseguramiento
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
Así ocurrió el crimen en contra Cristian Fernando Salinas Chocué en 2023
Cristian Fernando Salinas Chocué era un joven líder comunitario y militante del Partido Comunes, organización política surgida tras la firma del Acuerdo de Paz. Su asesinato, registrado el 7 de enero de 2023, ocurrió en una estación de servicio del corregimiento de Costa Rica, en Ginebra, Valle del Cauca.
De acuerdo con testigos, Salinas fue seguido y posteriormente atacado con arma de fuego, resultando gravemente herido. Pese a que fue trasladado de urgencia a un hospital en Buga, no logró sobrevivir. Este crimen se sumó a la alarmante ola de violencia contra líderes sociales y firmantes de paz en Colombia, un fenómeno que organizaciones como Indepaz y Somos Defensores han documentado de manera reiterada.
Con esta judicialización, se espera que el caso no quede en la impunidad y que se avance hacia la verdad sobre los autores intelectuales de este asesinato que golpeó al proceso de reconciliación en el Valle del Cauca.
