Una nueva controversia ha surgido en torno a la presencia de comunidades indígenas Emberá en el Parque Nacional de Bogotá. Aunque más de 500 personas de este grupo retornaron voluntariamente a sus territorios o aceptaron procesos de reubicación, un grupo cercano a 100 personas decidió permanecer en el lugar, negándose a las alternativas ofrecidas por la Alcaldía Mayor.
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La situación se tornó más tensa luego de las declaraciones del secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva, quien denunció públicamente un intento de chantaje por parte del líder indígena conocido como Fernando.
“No se acepta retorno, ni relocalización, ni albergues, ni arriendos”, afirmó Silva, agregando que Fernando estaría exigiendo 30 millones de pesos para abandonar el lugar. “No aceptamos chantajes”, sentenció en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).
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Preocupación por los derechos de los menores
La Alcaldía expresó su rechazo ante lo que considera una obstrucción al acceso a servicios básicos por parte del líder indígena, especialmente en lo que respecta a los niños y niñas que permanecen en el lugar sin condiciones adecuadas.
Silva solicitó el acompañamiento inmediato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al considerar que esta entidad tiene el deber de intervenir para proteger los derechos de los menores de edad.
“El espacio público del Parque Nacional no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los menores”, subrayó el funcionario.
Alternativas ofrecidas y rechazadas
Según la Alcaldía, las familias que se niegan a salir del parque han rechazado varias alternativas de integración local:
- Reubicación en la UPI La Florida.
- Traslado a albergues temporales.
- Viviendas con subsidio de arriendo.
El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, también se pronunció sobre el caso y cuestionó la postura del líder indígena:
“Al llevar a los niños y niñas de su comunidad a una situación altamente vulnerable, obstruye la garantía de sus derechos y lesiona sus condiciones de vida”.
Las autoridades locales aseguraron que adoptarán las medidas necesarias para proteger a la niñez, reiterando que la permanencia en el Parque Nacional no es viable desde el punto de vista humanitario ni legal.
