La controversia en torno al magnicidio de Miguel Uribe Turbay sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la familia del senador y precandidato presidencial, que murió asesinado el pasado 11 de agosto en Bogotá, presentara una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Gustavo Petro, por declaraciones que calificaron como revictimizantes y desinformativas, según informó el diario El Espectador.
Durante su intervención en Washington D.C., Carranza aseguró que asistía al organismo como abogado personal de la familia Petro y no en representación del Gobierno colombiano. En su discurso, advirtió sobre lo que denominó “una agenda de varios actores políticos en Colombia para erosionar la unidad nacional”, señalando además una presunta instrumentalización del caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay “como narrativa en contra del presidente Petro”.
Nuevo capítulo en el caso Uribe Turbay: familia denuncia ante la CIDH a representante de Petro por “uso político” del magnicidio
“Hemos venido aquí a la Comisión Interamericana a advertir sobre una instrumentalización que puede darse al sistema interamericano, y a pedir un monitoreo sobre esta circunstancia, porque todos los días vemos cómo en diferentes casos la Fiscalía filtra información, los medios hacen ataques infundados y precandidatos terminan atacando la unidad nacional”, afirmó Carranza durante su intervención.
El abogado también sugirió que sectores políticos y mediáticos han intentado culpar al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, cercano al mandatario, del atentado que le costó la vida al senador Uribe Turbay.
Estas afirmaciones desataron una fuerte reacción por parte de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, encargada de la representación judicial e internacional de la familia Uribe Turbay. En un comunicado, el bufete expresó su rechazo categórico, asegurando que las palabras del apoderado del presidente “revictimizan a los familiares y buscan relativizar un crimen de lesa humanidad”.
“El caso de Miguel Uribe Turbay no es ni será una bandera política, sino una causa de derechos humanos”, señaló el comunicado, al tiempo que cuestionó el uso del Sistema Interamericano para, según ellos, desviar la atención sobre las responsabilidades institucionales que rodean el magnicidio.
Asimismo, los abogados informaron que interpusieron una protesta formal ante la CIDH y solicitaron medidas cautelares a favor de los familiares del senador asesinado. Según explicaron, las manifestaciones de Carranza configuran un escenario de gravedad, urgencia y posible daño irreparable, conforme al artículo 25 del reglamento del organismo internacional.
El caso continúa generando repercusión política y judicial en el país, pues aún no se ha determinado quiénes son los autores intelectuales del crimen. Actualmente, seis personas se encuentran vinculadas a la investigación, mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en la recolección de pruebas que permitan esclarecer la red de responsabilidades detrás del atentado.
Primera sanción por el magnicidio
El pasado 8 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la sanción de siete años de privación de la libertad impuesta al menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay durante el atentado ocurrido en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
El fallo ratificó la decisión emitida el 27 de agosto por un juez especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, quien ordenó que el joven cumpla la medida en un centro de atención especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El adolescente, cuyo nombre permanece bajo reserva por ser menor de edad, fue acusado por la Fiscalía el 4 de agosto por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que aceptó durante la audiencia.
Sin embargo, tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto, la Fiscalía solicitó modificar la acusación a homicidio agravado, petición que fue negada al determinarse que el sistema penal juvenil no permite reformular cargos una vez aceptados.
En consecuencia, tanto el juez como el Tribunal mantuvieron la sanción de siete años, que el menor deberá cumplir en un centro especializado del ICBF.
Mientras tanto, el proceso penal contra los demás implicados continúa su curso, y la familia Uribe Turbay insiste en que el crimen debe ser reconocido como de lesa humanidad, por su impacto político y social.
La reciente denuncia ante la CIDH marca un nuevo episodio en la búsqueda de justicia internacional por parte de los familiares del senador asesinado, quienes aseguran que seguirán acudiendo a todas las instancias posibles para garantizar que el crimen no quede impune y que se respete la dignidad de la víctima y de su legado político en Colombia.
